La batalla por la expresión digital acaba de alcanzar un nuevo nivel de intensidad. Los reguladores europeos están utilizando su Ley de Servicios Digitales como arma contra una importante plataforma social propiedad de una destacada figura tecnológica. Esta acción de aplicación marca otro capítulo en el enfrentamiento continuo entre los marcos regulatorios centralizados y las plataformas que ciertas comunidades consideran refugios para el diálogo abierto. ¿La ironía? Quienes impulsan sistemas descentralizados llevan tiempo advirtiendo precisamente sobre este tipo de excesos regulatorios. A medida que las redes sociales tradicionales reciben una presión creciente por parte de los gobiernos, el argumento a favor de alternativas resistentes a la censura se fortalece día tras día.